viernes, 18 de febrero de 2011

Desarrollo vs medio ambiente


¿La política de desarrollo nacional estará contemplando extender su ofensiva petrolera hasta la cuenca de los cayos, poniendo en serio riesgo los delicados ecosistemas de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?


Reproducimos la columna escrita por Óscar Collazos para El Tiempo, en la cual pone en evidencia la gran preocupación que existe en los habitantes de estos territorios insulares acerca de las posibles exploraciones petroleras que se adelantarían en el archipiélago.

Debe también ser una preocupación nacional con miras a proteger el patrimonio que allí tenemos.


Petróleo y medio ambiente

16 de Febrero del 2011

Óscar Collazos

La imposición de un modelo de ‘desarrollo’ que conlleva la destrucción ambiental y cultural no sería el mejor ejercicio de soberanía.



Desde el 2009, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos lanzó su “ofensiva petrolera”, se prendieron las primeras alarmas ambientales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde entonces, la posibilidad de que se esté cocinando una concesión petrolera en “la Cuenca de los Cayos” ha empezado a ser tema de interés nacional y es posible que haya empezado a ser tema de organizaciones ambientales del mundo.

En carta dirigida el 30 de noviembre del 2010 al presidente Juan Manuel Santos, la directora ejecutiva de la Fundación Providence, June Marie Mow Robinson, le expuso al Mandatario la preocupación de la comunidad isleña. Le recordó lo que el Gobierno ya sabía: que la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenía la intención de adelantar exploraciones petroleras en los cayos del norte del archipiélago.

Mow Robinson le dijo al presidente Santos que el archipiélago es Reserva de Biosfera Seaflower reconocida por la Unesco y “territorio ancestral de una minoría étnica y cultural, el pueblo raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que tiene allí sus áreas tradicionales de pesca”.



Apoyada por una comunidad que sabe por rumores lo que debería conocer directamente del Gobierno, le repitió al Presidente lo que él seguramente sabe: el riesgo de destrucción de ecosistemas marinos y costeros que representa la exploración petrolera en el archipiélago.

“El valor económico de las islas tiene relación directa con la conservación de los arrecifes, de las aguas y de la playa”, dijo June en su carta. Y añadió: “La pérdida del conjunto de estos valores desencadenaría impactos graves sobre la biodiversidad, el desarrollo sociocultural y económico de sus habitantes”.

La directora de la Fundación Providence le solicitaba al Gobierno actuar “a favor de los habitantes insulares mediante la protección de los arrecifes y el mar que comprende el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” y, en consecuencia, suspender cualquier decisión que en ese sentido haya tomado la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿O es “irreversible”, como dicen?

La comunidad no conoce la respuesta del Presidente. Pero si fuera coherente con “la unidad nacional”, no debería estimular el malestar de un pueblo aislado del continente ni apostar por una riqueza a mediano plazo empobrecedora. El Gobierno Nacional y los “pañamanes” no podemos olvidar que el hilo que une a los isleños con la “nacionalidad colombiana” es muy frágil y, por lo mismo, fácil de debilitar aún más con el peso de las decepciones.



El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial debe responder pronto al derecho de petición de la Fundación Providence en el que pide información sobre “exploración de petróleo en territorio que se traslapa con la jurisdicción de la reserva de biosfera Seaflower y las áreas marinas protegidas”.

Si a la “fiebre del oro” se le suma ahora la amenazante calentura del petróleo en una de las zonas más bellas y socialmente más vulnerables de Colombia, el territorio insular que el Estado colombiano ha reclamado (y ganado) como suyo sufriría otra de sus decepciones históricas. La imposición de un modelo de “desarrollo” que conlleva la destrucción ambiental y cultural no sería el mejor ejercicio de soberanía.

Si el Partido Verde definiera el sentido de su color y enumerara las causas sociales que está dispuesto a asumir como propias, debería empezar a tomar posiciones críticas sobre la explotación minera que se nos viene encima y sobre el impacto ambiental que está produciendo y producirá en el inmediato futuro.

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